Artículo publicado por Antonio Garcia Zaballo, el 4 marzo, 2019 en https://digitalpolicylaw.com/5g-es-posible-en-america-latina/

En una sociedad cada vez más digitalizada ya no es suficiente para los usuarios estar conectados, sino disfrutar de una conexión de calidad que permita acceder a contenido de forma casi inmediata y a un precio lo más asequible posible. El cambio en los patrones de uso de los distintos tipos de usuarios hace que la infraestructura digital de conectividad tenga unos requerimientos de calidad de servicio muy exigentes que requieren no sólo inversión en CAPEX sino también en OPEX, haciendo que el modelo de negocio tenga que ser permanente revisado.

Efectivamente, de acuerdo con estimaciones de GSMA, el crecimiento de los datos móviles en el mundo durante el periodo 2015-2020 se espera que sea de 53 por ciento anual, siendo dicho crecimiento de 21 por ciento para el caso de América Latina[1]. Por ponerlo en contexto, es como si el tráfico que circula por nuestras carreteras se duplicara ¡en menos de cinco años! 

Estoy convencido que si esto sucediera inmediatamente se nos vendría a la mente la pregunta de si las carreteras van a tener la capacidad para soportar ese crecimiento del tráfico, pero en una segunda reflexión (suponiendo que la respuesta a esa pregunta fuera afirmativa), probablemente nos preguntaríamos por el impacto que este incremento del tráfico y del uso tendría sobre la operación y mantenimiento, de tal forma que no aumente el volumen de accidentes. 

En el caso de las carreteras digitales, la situación es incluso más llamativa, pues además de enfrentarnos a la saturación por el creciente volumen de tráfico estamos en un entorno de creciente competencia que está introduciendo reducciones importantes en los ARPUs que, eventualmente, si realizáramos un test de stress del impacto de dichas reducciones sobre las cuentas de pérdidas y ganancias de los operadores de infraestructura, podría dar lugar a una preocupación sobre la sostenibilidad de los niveles de inversión necesarios para mantener la calidad de servicio. De acuerdo con Cullen international, se estima que es necesario mantener un volumen de inversión en infraestructuras de aproximadamente 20 por ciento de los ingresos anuales.

Evidentemente, estas cifras tienen un reflejo sobre la cotización bursátil y la mayor o menor facilidad de acceso a recursos financieros para continuar con la expansión de fibra o la transición a redes 5G. De hecho, de un análisis de la evolución de la cotización bursátil de las empresas de infraestructura de conectividad digital, observaríamos que apenas si los títulos se han revalorizado en 6 por ciento frente a otros negocios como el de las empresas de contenido, cuyo valor de capitalización se ha revalorizado en más de 40 por ciento, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean multitud de cuestiones, pero me gustaría centrarme en las siguientes dos: ¿qué tan sostenible financieramente es una evolución hacia tecnología 5G junto con una expansión de fibra que sostenga el tráfico creciente? ¿Hasta qué punto se deberían de poner encima de la mesa modelos de financiación innovadores que pongan en valor los activos públicos ya existentes tales como los fondos de servicio universal o la licitación de bloques de espectro?

Sobre esta última cuestión, es importante señalar, según Cullen international, que son varios los países que bien van a estar envueltos en futuros procesos de licitación (ver tabla) o estarán renovando licencias próximamente. 

Estas potenciales nuevas licitaciones abren la puerta para lograr recursos adicionales que, unidos a las contribuciones del fondo del servicio universal, facilitarían la universalidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el valor de los bloques para cada una de las licencias es diferente debido al impacto que las mismas tienen en términos de necesidades de equipamiento, y esto claramente tiene un impacto en el valor pagado en las licitaciones como se muestra en las siguientes figuras.

Fuente: GSMA.

Mas allá de valorar los montos pagados, lo que sí que está claro es que las licitaciones realizadas han supuesto importantes fuentes de ingresos a los gobiernos de la región. Sin embargo, la cuestión importante es si esos recursos se han revertido a la sociedad a través de una mejora de la digitalización y de la competitividad de la economía a través de la universalización de los servicios de telecomunicaciones. 

En definitiva, el despliegue de 5G debería de venir acompañado de una política responsable en materia de espectro y un aprovechamiento de los activos públicos para lograr maximizar el impacto de ellos sobre la evolución digital de los distintos sectores de la economía y estratos de población. 

¿Cómo podemos lograr esto? Primero, por medio de una licitación de las bandas no asignadas, de tal forma que se acelere no sólo la penetración de 4G sino el proceso de apagón 2G/3G… resulta difícil pensar que nuestra región esté preparada para la era 5G teniendo todavía los niveles de penetración 2G y 3G actualmente existentes. 

En este sentido, pareciera que las agendas digitales que se están definiendo se están dejando llevar de las modas o tendencias de los países en desarrollo donde se habla de Inteligencia Artificial, Big Data, Cloud Computing, etcétera… Sin embargo, los niveles de acceso, adopción y uso de la región difieren mucho de los países con los que nos comparamos, lo que demuestra que se hace necesario continuar invirtiendo en infraestructura básica que mejore la conectividad tanto nacional como de interconexión regional. De igual modo, la región ha de evolucionar y actualizar sus marcos reguladores introduciendo un esquema de gestión de espectro sin un afán recaudatorio, pero con un afán de desarrollo digital vinculando las agendas digitales a la ejecución de proyectos concretos.

Asimismo, también se hace necesario el desarrollo de un modelo institucional que favorezca la coordinación entre los distintos actores de gobierno para lograr que la ejecución de los proyectos identificados como drivers o habilitadores de crecimiento digital en los planes de desarrollo tecnológico del gobierno, generan un valor económico sobre las inversiones y las infraestructuras que se pretende desplegar, haciendo que no sólo la inversión sea más atractiva sino también la capacidad de financiación.

En consecuencia, parece lógico pensar que antes de hablar de un despliegue y comercialización masivo de servicios 5G en la región pensemos en una mejora de los indicadores de conectividad tanto a nivel nacional como de interoperabilidad entre los países, siendo necesario un despliegue de fibra que permita sostener los crecientes volúmenes de tráfico que el sector está observando y los que previsiblemente vengan derivados de la masificación de equipos conectados y el machine to machine.

Es en este contexto donde la implementación de modelos de financiación alternativos tiene más sentido. Por ejemplo, si en el marco de una agenda digital se definieran proyectos de infraestructura digital que favorecieran la dinamización de los usuarios de menor uso y de menor propensión al pago, probablemente el valor que los operadores verían en las futuras licitaciones de espectro serían mayores. Es decir, incluir como parte de las agendas digitales, proyectos tales como el apagón 2G o 3G, la mejora de la infraestructura de conectividad de instituciones públicas, planes de extensión de banda ancha a través de redes fijas y móviles de nueva generación, etcétera, que contribuirían al desarrollo de nuevos servicios que permitirían una mejora de los niveles de ARPUs y del atractivo inversor. 

Ahora bien, la cuestión pasa no sólo por la licitación de esas bandas de frecuencia sino por revertir al sector las recaudaciones que se logren procedentes de esas licitaciones. Es aquí donde la introducción de conceptos como el de los bonos digitales cobra sentido, ya que los gobiernos podrían emitir bonos temáticos asociados a la financiación de esos proyectos estratégicos que se definieran como dinamizadores dentro de la agenda digital. Dichos bonos podrían ser adquiridos y ejecutados eventualmente por los operadores, así como el pago por las licencias de espectro que tendría un impacto sobre los niveles de ARPU y de demanda. 

Un estudio del BID para 12 países de América Latina[2] cifra la inversión en infraestructura digital necesaria para cerrar la brecha en más de 147 mil millones de dólares. Esto supone duplicar la inversión realizada hasta la fecha y una necesidad media de inversión de más de 12 mil millones de dólares por país. 

La existencia de este gap hace que se haga más importante el debate sobre la utilización de estos instrumentos financieros podría contribuir de una manera decisiva a reducir la brecha de infraestructura digital que resulta necesaria para la digitalización de la región.

Partiendo de la base de que se implementa una agenda digital que favorezca la ejecución de proyectos en materia de infraestructura digital para la conectividad, la cuestión que se plantea a continuación es qué tipo de acciones deberíamos de pensar para la implementación de un plan de acción 5G en la región LAC.

La tecnología 5G tiene un claro impacto en la implementación de soluciones para Internet de las cosas (IoT) a través de anchos de banda con velocidades a nivel de gigabits que favorecen la implementación de soluciones innovadoras en distintos sectores de la economía. Efectivamente, de acuerdo con el plan de acción 5G de la Comisión Europea, los beneficios a nivel global que traerá la tecnología 5G podrían alcanzar los 225 mil millones de euros en 2025.

Es por esto que al objetivo de avanzar de manera decidida en el despliegue y adopción de 5G y de los servicios y aplicaciones que eventualmente se presten sobre dicha tecnología, la Comisión Europea ha definido una hoja de ruta con acciones muy concretas que pueden ser un punto de partida para que America Latina y el Caribe abran el debate sobre cómo implementarlas en cada uno de los países. Dichas acciones definidas por la Comisión Europea giran en torno a los siguientes aspectos concretos:

  • Hacer que las bandas de espectro provisionales estén disponibles para 5G antes de la Conferencia Mundial de Comunicaciones por Radio (CMR-19) de 2019, para ser complementadas por bandas adicionales lo más rápido posible, y trabajar hacia un enfoque recomendado para la autorización de las bandas de espectro específicas de 5G por encima de 6 GHz.
  • Promover el despliegue temprano en las principales áreas urbanas y en las rutas de transporte principales de tal forma que se desarrollen corredores digitales donde el despliegue de 5G sea un dinamizador de la productividad y la eficiencia.
  • Promoción de programas pilotos 5G dirigidos a mostrar los beneficios que la tecnología puede traer a la mejora de la productividad del tejido empresarial en la región. 
  • Facilitar la implementación de un fondo de riesgo que apoye la innovación basada en 5G, para lo cual la Banca Multilateral de Desarrollo, en coordinación con instituciones internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Foro Económico Mundial, la OCDE, Regulatel y Comtelca, pueden tener un rol no sólo de financiación sino también de acompañamiento técnico que permita la escalabilidad de los proyectos pilotos que resulten exitosos.
  • En este mismo contexto, será necesario coordinar esfuerzos y acciones entre los diferentes actores públicos, privados, academia y sociedad civil para promover una concientización que permita acelerar el despliegue.

En todo caso, hay que tener en cuenta que se espera que las redes 5G permitan conectar hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, lo que supone aumentar en mil veces el orden de magnitud respecto de la situación actual, y fruto de esto aumentar de forma muy significativa el volumen de tráfico por punto de acceso a la red. Este aumento, como mencionábamos anteriormente, conlleva mejorar la capacidad de la red, haciendo que sean necesarias células cada vez más pequeñas que tendrán que estar conectadas de manera eficiente al resto de la red, siendo esa conexión en la mayoría de los casos a través de enlaces de fibra.

Esta necesidad de mayor despliegue de antenas requiere una revisión de los procedimientos y reglamentación nacional y local, ya que el establecimiento de barreras legales supondrá un retraso no sólo en el despliegue de 5G sino también en la adopción de la tecnología y los beneficios derivados de la misma. 

En este sentido, un aspecto muy relevante, además del relativo a revisar el marco normativo de despliegue local, es la definición de un esquema de compartición de infraestructura que permita un abaratamiento de los costos de red y también una compartición de los costos de operación y mantenimiento. 

Pero además de todas las cuestiones técnicas y regulatorias señaladas anteriormente, será muy importante que los usuarios cuenten con los dispositivos y terminales que les permitan acceder a la experiencia 5G, por ello la necesidad de definir políticas y estímulos que permitan una masificación de estos dispositivos para que el proceso de adopción sea rápido.

En este escenario, el sector público podría actuar como un early adopter a través del fomento de nuevos servicios sobre esta tecnología que contribuya a generar la masa crítica que permita recuperar la inversión en el menor tiempo posible. 

Un ejemplo de este apoyo desde el lado público podría ser la migración de los servicios públicos de seguridad y protección de las plataformas de comunicaciones propietarias existentes a las plataformas comerciales 5G.

Teniendo en cuenta el enorme reto que tenemos como región para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, la inversión en infraestructura digital de conectividad, el desarrollo de acciones de política regulatoria dirigidas a favorecer el uso del espectro y la importancia que la tecnología 5G y el Internet de las cosas tienen para el cumplimiento de estos objetivos, resulta de todo punto necesario promover una estrategia concreta que favorezca la digitalización a través de acciones concretas ligadas al despliegue de infraestructura básica, la actualización regulatoria en torno a la gestión del uso eficiente del espectro, la compartición de infraestructura y la necesidad de desarrollar modelos de financiación innovadores, donde la colaboración público-privada sea el motor para el desarrollo de la estrategia digital. 


[1] En 2017, en promedio un usuario final estuvo conectado a Internet 5.9 horas por día, de las cuales 20 por ciento de ese tiempo se dedicó al acceso a contenido de video, 13 por ciento a redes sociales y 14 por ciento a música, mientras que en 2015 el uso de estos tres servicios apenas representaba 39 por ciento del tiempo total en 2015, esto es, 4.2 horas por día. 

[2] The Impact of Digital Infrastructure on the Sustainable Development Goals. En proceso de publicación.